Es lo que tiene sacar el ventilador indiscriminadamente: al final parece que todo el mundo es corrupto por pasar por allí, y aunque hay mucho, es verdad, son minoría. El PSOE ha intentado estigmatizar a todo aquel ayuntamiento y comunidad que haya trabajado en algún momento con cualquiera de las empresas relacionadas con el 'Caso Gürtel', con una intención capciosa: sugerir que todas ellas 'pillaban'.

Pero una cosa es llevárselo muerto, como dice el sumario que han hecho los tres ex diputados populares de infinita cara de cemento armado, y otra haber contratado legalmente a empresas que tenían experiencia y cumplieron con el cometido encargado. Ese ventilador tiene un efecto boomerang que arroja resultados sorprendentes.

El más conocido lo reveló ayer el PP valenciano, cuya credibilidad tiene más arrugas que el famoso Infinity de 'Ric' Costa, pero ahí queda: el propio Gobierno, instado al parecer por La Moncloa y encauzado en cinco ministerios, ha adjudicado contratos por 300 millones de euros a una de las firmas más recurrentes del sumario Gürtel, Teconsa. Para más inri, el jefazo de esta empresa, José Luis Martínez Parra, aparece en la instrucción contándole a Correa el secreto de su éxito: "Yo tengo una amiga que está con el presidente, que es amiga desde hace muchos años, y al final fui a contarle mis penas y me dijo que iba a echarme una mano".

¿Significa esto algo? Pues más allá de la confirmación de que las amistades abren muchas puertas, nada indica que este episodio denote cobro de comisiones ilegales, que es la esencia del Gürtel: el favoritismo, mientras se soporte en decisiones legales que respeten los pliegos, es una leyenda urbana.

Pero hay más. Según ha sabido El Topo, hay una comunidad autónoma que también ha engordado y de qué manera las cuentas de una de las empresas que más aparece citada en el sumario del Gürtel. Y es que, en sólo tres años, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha adjudicado 4.000 millones de las viejas pesetas a Constructora Hispánica a través de su filial de aguas en al menos cinco grandes contratos que cualquiera que se tome el tiempo necesario puede conocer. ¿Salvo Cospedal quizá, que parece no enterarse mucho de lo que ocurre en la tierra que aspira a presidir?

Si no se distingue entre contratar legalmente a una empresa determinada y cobrar una tajada por ello, ¿no tendrían algo que explicar Zapatero y Barreda? Y con ellos los responsables políticos de Ibiza, Valladolid, Sevilla o Zaragoza y tantos otros municipios que en algún momento tuvieron trato con cualquiera de las decenas de empresas mencionadas en este asunto: sería absurdo e injusto, pero para evitar esa carrera, suicida para la política y deprimente para la ciudadanía, sólo hay un antídoto. El sentido común, que sigue siendo el menos común de los sentidos.