Hace apenas tres años, un antipatriota era, a juicio del Gobierno, todo aquel que osara discutir el advenimiento de la inminente fiesta del pleno empleo y alertara, con sevicia y mala fe, de la llegada de una crisis económica brutal.

Los mismos paladines de aquel infausto mensaje, que convertía las críticas a una gestión equivocada en un acto de traición a la patria en una versión edulcorada de la costumbre de los regímenes totalitarios -primero el partido, luego lo demás-, encarnan ahora la antítesis: de repente, cualquiera que dude de la capacidad del Gobierno de enmendar una situación que no vio ni atendió y además negó insultando a quienes se lo advertían, es también un antipatriota.

La boutade es prima hermana de esa otra que busca una confabulación astral para explicar un ataque al euro, con especial crueldad hacia España, de manos de poderes oscuros que juegan a la ruleta de la fortuna con la ilusión y el dinero ajeno. Otra vez más, la realidad es mucho más sencilla y ramplona: el sistema financiero creado, incentivado, tutelado, regulado e intervenido por los Estados, aunque ahora se pretenda vender lo contrario; presta el dinero a quien cree que puede devolvérselo y lo hace en una condiciones más duras o laxas en función de su credibilidad contable.

España, simplemente, debe más de lo que puede pagar en tiempo y formas, y los prestatarios del dinero sólo se lo conceden si a cambio de asumir la posible morosidad reciben unos intereses especialmente altos en unos plazos de devolución necesariamente cortos. La vieja usura, elevada a lamentable categoría macroeconómica.

En este escenario, el único dilema es si el Gobierno será capaz de emprender unas reformas solventes o, por contra, jugará al póker irlandés para perder la banca con una intervención de Europa que no satisface a nadie: España es demasiado grande para dejarla caer; pero también lo es para poder salvarla sin poner en riesgo el equilibrio continental.

El Gobierno miente, se equivoca, no sabe o no puede. Importa menos la causa que el efecto. Una disculpa previa a la ciudadanía y una invitación honesta al diálogo con la oposición sería mucho más útil y desde luego más decente. Optar por sacar del cuarto oscuro la máquina de señalar antipatriotas, por mucha baba mala y buena que se gaste la parte del PP abonada al "cuanto peor, mejor", sólo sirve para ahondar la sensación de que a Zapatero le sigue importando mucho más conservar el poder que utilizarlo con sabiduría.

Un último dato atestigua tan molesta sensación: mientras se mira a Alemania para pedirle dinero; en España se presagia una nueva fractura económica con Cataluña. En realidad, no se engaña a nadie, aunque se maquilla con retórica: vivimos en un país de patriotas que prefieren bajar la pensión a las jubiladas que cerrar ni uno solo de los miles de chiringos innecesarios que esquilman las arcas públicas.

Porque, conviene recordarlo, en la España de los 4,5 millones de parados y las 400.000 empresas cerradas, no hay constancia de un político, sindicalista, dirigente patronal, catedrático o funcionario de grado medio que haya perdido su sustento: más que legítimo, es obligatorio preguntarse si de verdad puede arreglar una injusticia quien no la sufre gracias a que el resto la padece por duplicado.