Apartir del próximo mes de octubre los  cerca de 22 millones de hogares  que tienen contratado un suministro eléctrico a una potencia inferior a 10 KW tendrán que pagar por el mismo servicio un 4,8 %  más. 

La gran mayoría –en torno a un 80%– de esos 22 millones permanecen acogidos a la llamada Tarifa de último Recurso  (TUR), que es un artefacto surgido tras la liberalización de la electricidad y que en realidad ha servido de refugio a todos aquellos –la gran mayoría– que no han encontrado razones, ni económicas ni de otro tipo, para cambiarse al sistema liberalizado. Porque la TUR es, efectivamente, una tarifa intervenida por el Gobierno, que sufre alteraciones cada tres meses (la verdad es que en realidad lo más objetivo sería decir que sube cada tres meses) pero que de momento ofrece mas fiabilidad que las del mercado  que en realidad no ofrece nada.

Pues bien, el Ministerio de Industria anuncia un incremento en las tarifas domésticas del 4,8%. La justificación viene motivada por “la evolución del coste de la energía, que se ha encarecido por el alza de los combustibles utilizados para generar electricidad y por el efecto estacional de los meses de invierno". Con independencia de lo creíble de esta explicación, nada justifica un encarecimiento del recibo en casi un 5%.

Además, desde el Ministerio se asegura que el incremento es única y exclusivamente fruto de la subasta energética que fija el coste de la energía y que constituye la mitad del recibo de la luz. La otra mitad, los llamados peajes que aún están intervenidos por el Gobierno, se congelan.  Encima deberíamos estar contentos.

En realidad este descomunal aumento es sólo una parte del problema. Si a lo de ahora sumamos lo de anteayer (subida de un 2,64 % en enero) y lo de ayer (subida del IVA del 16 al 18% en julio) en octubre la subida de la luz estará cercana al 10%, y si además aceptamos una subida de la inflación que el propio Gobierno ha estimado que no sobrepasará el 2%, estamos hablando de una pérdida de 6 puntos en la capacidad de compra de los ciudadanos.

El consumidor lo va a notar y como poco puede influir de forma negativa sobre el incipiente repunte del consumo que se ha producido en los últimos meses. Malo para la economía.

Pero hay más. Si hacemos cuentas y teniendo en  cuenta que los salarios se han incrementado una media del 0,4 %,  la subida de la luz multiplica por 25 la de los sueldos medios y por más de 6 el del IPC en ese mismo periodo. Y que se sepa, la economía española se las ve y se las desea para salir de la recesión y el paro. En esta situación ya no hay bolsillos de donde rascar.

Esto ya no es ni siquiera insostenible. Es sencillamente imposible. ¿Qué hacer? El Gobierno no dice nada, y mucho menos ahora que la oposición ha echado por tierra el penúltimo intento de pacto, en este caso para diseñar conjuntamente   el futuro energético de España, que parecía ser de su agrado y que, a nuestro juicio, era la última “gran esperanza blanca” para sacarnos de este atolladero. Pues nada, el último que salga que apague la luz, si es que aún queda algo que apagar.