De no ser por la gravedad del momento, movería casi a la hilaridad constatar cómo se está gestionando la crisis económica por parte de Gobierno, oposición y agentes sociales. El último ejemplo es sonrojante: se dieron un plazo límite para consensuar una reforma laboral, que expiraba ayer, y como no alcanzaron ningún acuerdo, lo renovaron por un mes más. Y no hay que descartar que, finalizado ese periodo, se amplíe nuevamente o, en su defecto, se apruebe algo que no sirva de mucho pero permita a sus promotores hacerse una foto y decir que han obrado con responsabilidad.

Un país con un 20% de parados no tiene futuro, sin más. Socialmente lamina a generaciones enteras, y económicamente conduce a la ruina del Estado de Bienestar por la insoportable carga financiera de los subsidios. Pero ni estas evidencias ni la bochornosa comparativa con el resto de Europa, a quienes doblamos en tasa de desempleo, son suficientes ni para que unos y otros dejen de especular ni para que el Gobierno haga su trabajo: la concertación entre sindicatos y patronal es recomendable, pero en ningún caso sustitutiva de las obligaciones y derechos que en este campo tiene el poder Ejecutivo.
El aplazamiento de la reforma, que debe atender tanto a la modernización del sistema de contratos cuanto a la modificación del modelo de negociación colectiva sin afectar a los derechos y a las expectativas de los trabajadores y de quienes les emplean –¿acaso hay algo peor que lo que ahora se sufre?–, coincide con el desplome del índice de confianza económica en toda Europa; con la caída acumulada del Ibex 35; con el presagio de un crecimiento del paro hasta al menos 2013 y con una catarata de temores que aún hace más inaceptable la prórroga: darse tiempo, en este caso, equivale a perderlo y dilapidar credibilidad ante los socios europeos, las instituciones internacionales, los mercados y, en general, la opinión pública.

El gran problema que subyace detrás es la formidable dificultad que tiene reclamar ahora apoyo a lo que hasta ayer se estigmatizó. El mismo Gobierno que estudia suprimir ayuntamientos, congelar pensiones, reestructurar el mercado laboral o bajar el sueldo a los funcionarios atacaba hace nada a todo aquel que sugiriera medidas de este tenor. Y alimentaba en la opinión pública la falsa sensación de que, con buena voluntad y unos principios determinados, nada había que cambiar ni tocar. Por eso ahora la herida es mayor y por eso ahora la comprensión de la gente es tan tenue. En ese contexto, lo mejor que puede hacer el Gobierno es proceder con diligencia sin pensar, por una vez, en cálculos electorales.