El equipo rectoral de Fernando Galván ha vivido una semana horribilis. El denuedo mostrado en los útimos meses para mantener la ley del silencio sobre el agujero económico en Ciudad Residencial Universitaria S. A. (CRUSA), se ha visto frustrado por las inquietantes revelaciones que, a través de Diario de Alcalá, realizó el ex coordinador de las residencias, Samuel Sanz Arroyo, cuyo despido fue declarado “improcedente” por un juzgado de lo Social de Madrid. Pero días antes, los máximos responsables de la Universidad de Alcalá se desayunaron con una piedra más en el camino de omertá: un detallado informe de la sección sindical de UGT de la Cisneriana sobre la “desastrosa” gestión del actual director general del CIFF, Daniel Sotelsek, en CRUSA, donde ocupó el cargo de administrador único entre 2004 y 2008.

Según el sindicato, el directivo de origen argentino y hombre de la máxima confianza de Galván, descubrió en 2004, “a pesar de que formaba parte de su Consejo de Administración desde 2002”, que CRUSA estaba en “quiebra técnica”. Y relata en su informe como un “asustado” Virgilio Zapatero, a la sazón rector de la UAH en aquellos momentos, entregó todo el poder de la empresa a Sotelsek.

Fue entonces, cuando comenzaron las “absolutas barbaridades” en la gestión de las residencias universitarias, de las cuales, para UGT, una de las “más graves” fue despedir a varios trabajadores para reducir costes de personal: “La operación supuso un coste de 250.000 euros en indemnizaciones”. Pero  lo más escandaloso para los autores del informe es que, al contrario de las intenciones expresadas por Sotelsek (solventar la situación económica en la empresa) los gastos de personal “se incrementaron desde entonces: Si en 2004, los gastos en recursos humanos ascendieron a 485.338, en 2005, tras soltar lastre, éstos se incrementaron en un 30%, hasta los 631.364 euros, una cifra que teóricamente incluían “únicamente las retribuciones del personal de administración y el personal de conserjería”.

La propia UGT, en base a la recopilación de datos en las cuentas anuales y en las actas del Consejo de Gobierno de la UAH, considera que dicho coste se disparó porque Daniel Sotelsek decidió que los tres directivos de CRUSA (Manuel Queipo de Llano, Samuel Sanz Arroyo y Consuelo Rodríguez) pasaran a cobrar el 30% de sus emolumentos si lograban que el beneficio anual de la sociedad superara los 150.000 euros. El objetivo, denuncian, no se cumplió.

Los datos oficiales de CRUSA permiten a UGT denunciar, además, la falta de paradero de 220.000 euros de una subvención de 477.000 euros que la UAH otorgó a CRUSA en 2004 para  “satisfacer gratos previos” y “restituir el equilibrio económico de la sociedad”.

Faltan 220.000 euros. Sin embargo, “lo más grave” para UGT es que de esos 477.000 euros, “falta por justificar el destino de aproximadamente 220.000. Aunque parezca increíble, nadie sabe a donde ha ido a parar esta cantidad”, tal y como indica el Órgano Técnico de Control y Auditoria de la Universidad.

El cúmulo de “barbaridades” que el sindicato adjudica a Sotelsek no acaba aquí. La “desastrosa” gestión del argentino también apunta a la facturación de las residencias universitarias: “Durante los años 2008 y 2009, la UAH llegó a pagar a CRUSA facturas por importes superiores a 1,5 millones de euros, básicamente, el 50% de los ingresos de CRUSA”. Es decir, en torno a la mitad de los alquileres por los que cobró la empresa los realizó la propia Universidad de Alcalá.

A más a más, UGT también acusa a Sotelsek de haber permitido un “mantenimiento deficiente” de las residencias y cuyas consecuencias son todavía recientes, como las inundaciones que sufrieron varias de las residencias el pasado mes de mayo. A ello se suma, “la falta de transparencia”, ya que, tal y como explica el informe, “la única documentación que durante años ha presentado Daniel Sotelsek a los órganos de control de la UAH han sido las cuentas anuales. No existe control presupuestario, ni previsiones anuales, ningún dato relacionado con los niveles de ocupación, etcétera. Y lo que es más grave, incluso los miembros del Consejo de Administración de CRUSA tienen dificultades para acceder a información de la sociedad”. Además, desde 2005 no se han presentado ni informes de gestión, ni presupuestos, ni ninguno de los documentos indicados en el Plan de Viabilidad aprobado en el Consejo Social, que exigió, entre otras medidas, informes trimestrales sobre el funcionamiento de CRUSA.

La reacción de Fernando Galván y de su equipo al contundente informe de UGT no se hizo esperar. El pasado 23 de noviembre, el Rectorado emitió un comunicado interno, en el que se afirma que hasta la fecha, en el proceso de rendición y auditoría interna y externa de las cuentas de CRUSA “se ha detectado irregularidad alguna o los órganos de gobierno correspondientes han manifestado disconformidad con su formulación. Y menos aún han advertido de actuaciones irregulares descritas en el comunicado [informe de UGT], que podrían llegar a ser constitutivas de delito”.

Acusaciones “infundadas”. Asimismo, el comunicado del equipo rectoral de la Cisneriana considera que las acusaciones que se vierten en el informe son “absolutamente infundadas” y sostiene que con el informe se ha pretendido “ensombrecer y dañar el prestigio, la honorabilidad y la profesionalidad de las personas mencionadas en el mismo”, así como “la imagen de toda la Universidad”.

La reacción de Galván tal vez está relacionada con lo que dice el propio informe sobre su persona. Aunque UGT reconoce que el rector “a pesar de formar parte del equipo rectoral de Virgilio Zapatero durante varios años, no tiene responsabilidad alguna” en los hechos descritos en el informe. Pero le consideran “actualmente responsable de hacer caso omiso a las denuncias de UGT”. “¿Es lícito y / o moral que un cargo público encubra las irregularidades de sus antecesores?, se pregunta UGT, que considera que la “transparencia” sigue brillando por su ausencia en relación con CRUSA, ya que “no se está realizando o, al menos, presentando el más mínimo seguimiento presupuestario” Y tampoco “se aclara el motivo” que originó los despidos de Queipo de Llano y de Samuel Sanz Arroyo.

Precisamente, el despido “improcedente”, según un juez, de este último, no ha merecido la más mínima valoración de los miembros del Consejo Social de la UAH, pese a las preguntas formuladas por Diario de Alcalá. Tal es el caso del presidente de Aedhe, Jesús Martín, que se encargó de que la patronal del Corredor censurará al Grupo Prensa Universal por defender a los hoteles de Alcalá frente a la competencia desleal de CRUSA en el alojamiento turístico.

El único miembro del Consejo Social que se ha pronunciado sobre las revelaciones de Sanz Arroyo, ha sido Pilar Fernández, la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Alcalá. Fernández aboga por ponerle “sentido común” a la gestión de las residencias.

Fernando Escudero.