Después de una semana de lucha, los de la Cisneriana son los únicos representantes de los trabajadores de las universidades públicas madrileñas que continúan encerrados para reivindicar la autonomía universitaria en la negociación de las condiciones laborales de su personal frente a las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre con su Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2012.

Ésta es la decisión adoptada por el Consejo de Representantes del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Universidad de Alcalá, decepcionados por el resultado de la reunión mantenida el pasado lunes entre el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA), Daniel Peña, y los sindicatos.

“No se ha avanzado nada, no hay, de momento, ningún compromiso para que los seis rectores se reúnan, primero entre ellos, y después con los sindicatos, con el objetivo de crear una mesa de negociación sobre condiciones laborales. Por este motivo, hemos decidido mantener el encierro”, han señalado a Diario de Alcalá fuentes del comité de empresa de la UAH, que han precisado que en los próximos días deberían producirse estas reuniones.

Además del encierro, los representantes de los trabajadores han continuado este martes, por la mañana, con protestas de otro tipo, como una concentración en el Rectorado a la que estaba sólo convocado el personal que presta servicio en el Campus Ciudad. A la misma hora, había convocadas otras tres concentraciones más: una en la puerta de la Facultad de Medicina, otra en la Facultad de Magisterio de Guadalajara y la última en el Edificio Multidepartamental de la capital alcarreña.

"Bajo la responsabilidad del rector". Los trabajadores de la UAH, al igual que los de las demás universidades públicas de la región entienden que la Comunidad de Madrid “no tiene capacidad de regulación” sobre la negociación colectiva en cada una de las universidades, “ni para modificar sus correspondientes pactos o acuerdos”.

Además, consideran que se debe “aplicar y respetar lo dispuesto en los acuerdos y convenios en vigor, amparados por el principio de autonomía universitaria reflejado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU)”, por lo que la aplicación de las medidas decretadas por el Ejecutivo de Aguirre serían responderían “única y exclusivamente a una decisión unilateral de la Universidad, sin que pueda ampararse o justificarse en la Comunidad de Madrid”.