El escándalo del ‘agujero’ de CRUSA adquiere una nueva dimensión tras las declaraciones, en exclusiva a Diario de Alcalá, del ex coordinador de las residencias universitarias de la Universidad de Alcalá, Samuel Sanz Arroyo. Los responsables de la Cisneriana le despidieron por descubrir que había irregularidades contables en la empresa y se permitieron, incluso, amenazarle si se atrevía a contar la verdad. Meses después, después de que un juez le haya dado la razón, Sanz comienza a destejer la red de mentiras sostenida por el equipo de Fernando Galván.

Imaginen que un directivo del Banco de Inglaterra descubre por casualidad que las cuentas no cuadran en el balance de resultados, que faltan miles de millones de libras de los impositores, y lo pone en conocimiento del Gobierno británico. Imaginen que este último cesa al director del banco y oculta el desfalco a la opinión pública y, para evitar que  salga a la luz, también pone de patitas en la calle al denunciante y, además, le amenaza para que no se vaya de la lengua. 

La realidad supera la ficción en la Cisneriana, donde el equipo rectoral de Fernando Galván sigue sin aclarar a la comunidad universitaria y a los complutenses el agujero de 310.000 euros en Ciudad Residencial Universitaria S. A. (CRUSA). El escándalo estalló tras conocerse el cese manu militari de su gerente, Manuel Queypo de Llano. Meses después, sin luz ni taquígrafos también se despidió disciplinariamente, e injustamente, al coordinador de la empresa, Samuel Sanz Arroyo, que, como asegura, “no tenía responsabilidad alguna en materia contable ni de recursos humanos de la empresa”. 

A falta de un Zola que exclame un J’accuse, Sanz ha decidido romper su silencio. Ha esperado a que el Juzgado de lo Social número 31 de Madrid, haya declarado improcedente el despido disciplinario del que fue objeto, sin luz ni taquígrafos de ningún tipo, semanas después de la caída de Queypo de Llano.

“Aunque en ningún momento nadie me acusó de llevarme un céntimo, me echaron alegando falta de lealtad y dejación de funciones en materias como la prevención de riesgos laborales.  Me despidieron el 30 de mayo. A las cinco de la tarde me entregaron la carta de despido. No me dejaron recoger absolutamente nada. Dos días después me entregaron mis pertenencias en una caja”.

Tal fue el “agradecimiento” que le dispensaron a Sanz por unos servicios prestados que el ex coordinador de CRUSA creía que iban a servir para arrojar luz sobre un asunto que el equipo de Galván se empeña en mantener en su turbiedad, pese a las exigencias de transparencia que el Consejo Social de la UAH le ha hecho en repetidas ocasiones al rector.

“A principios de enero comenzamos a recibir llamadas insistentes y reiteradas del Banco de Valencia, reclamando el cobro de unos pagarés. Yo se lo comuniqué personalmente, en su despacho, al que en aquel momento era consejero delegado de CRUSA, el actual director general de la Fundación General de la Universidad, Francisco López Ferreras. Su respuesta fue “estáis todos muertos”.

Según Sanz, días después se produjo el cese de Queypo de Llano. “Posteriormente, el delegado del gerente de la UAH en CRUSA, Santiago Ramón, me encargó un informe sobre la situación de la empresa entre los años 2009 y 2011. Lo entregué pocos días antes de que me despidieran”.

El informe, que tal y como asegura el ex coordinador de CRUSA, “su existencia le consta” a Rubén Garrido, revelaba la existencia de “facturas que no se correspondían con trabajos realizados, facturas pagadas que no habían sido aceptadas previamente. También había alguna que otra factura duplicada, yo creo que erróneamente”. Se trataban, fundamentalmente, de facturas de proveedores de servicios, como Tecvise, que hasta mediados de marzo se ocupó del mantenimiento de las residencias.

Samuel Sanz está convencido de que la Universidad utilizó el informe como un arma de doble filo: “En la carta de despido me culpaban de esas irregularidades, cuando era Manuel Queypo de Llano quien se ocupaba en exclusiva, sin darnos cuentas a sus subordinados, de los aspectos contables de la empresa. Todo eso quedó demostrado para el tribunal, que consideró que el mío fue un despido en cascada. Trataron de cubrir las apariencias para no tener que pedir responsabilidades de Queypo para arriba”.

“SEGÚN LA GUERRA QUE DES”. A la UAH no le bastó con echar a Sanz.  También se siente represaliado: “Como funcionario de la Universidad, solicité el reingreso y me han cerrado las puertas totalmente. Fue el cumplimiento de las palabras que me dijo Santiago Ramón el día que me entregó la carta de despido y le planteé la posibilidad de reincorporarme a la Cisneriana: “Depende de la guerra que des”.

Diario de Alcalá ha preguntado a la UAH sobre estas revelaciones. La respuesta ha sido el silencio absoluto.

Fernando Escudero.