El equipo de Gobierno y los grupos municipales están negociando la propuesta de reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que la semana pasada dio a conocer el alcalde, Bartolomé González. La intención de los populares es que el tramo municipal se quede en el 0,51, dos centésimas por debajo que en la actualidad, que constituye el punto de partida de la negociación con los grupos de la oposición.
La concejala de Hacienda, Marta Viñuelas, ha explicado que el equipo de Gobierno “está dispuesto a negociar” y que todas las propuestas “están encima de a mesa”, entre ellas las exenciones fiscales, el IBI Social o reducir más centésimas el tramo municipal de este impuesto.
Además, Viñuelas ha confirmado que mañana, miércoles, se conocerá la decisión definitiva sobre el IBI, que será aprobada junto con el resto de ordenanzas fiscales y precios públicos en el pleno extraordinario que se celebrará el 3 de noviembre.
El viernes podrán cobrar los ‘primeros’ proveedores.
Las pequeñas y medianas empresas que tienen facturas pendientes con el Ayuntamiento y que estén incluidas en la primera operación entre el Instituto de Crédito Oficial y las corporaciones locales podrán cobrarlas este viernes, tal y como ha confirmado la concejala de Hacienda, Marta Viñuelas. El pasado mes de agosto la corporación municipal aprobó una primera operación de crédito a través del ICO por valor de 8 millones de euros para hacer frente a una amplia relación de facturas impagadas.
Los proveedores incluidos en esta relación podrán cobrar el viernes en el BBVA, entidad con la que se ha concertado la operación para disminuir la morosidad municipal con los proveedores.
En el pasado pleno municipal también se aprobó una segunda operación, en este caso de un millón y medio de euros, con la relación de facturas correspondientes, que completa la dotación total de nueve millones y medios de euros que el Ayuntamiento puede financiar a mediante la línea del ICO. Será también a través del BBVA y según Viñuelas es previsible que a lo largo de noviembre los autónomos y pymes con facturas impagadas e incluidas en esta segunda operación cuando cobren.
El plan del Gobierno central para frenar la morosidad municipal mediante la líena ICO y las entidades locales se dio a conocer en julio y tiene una dotación total de 3.400 millones de euros. El objetivo es inyectar liquidez a los consistorios para pagar las facturas pendientes emitidas hasta el 30 de abril de 2011. La cantidad que los ayuntamientos pueden pedir al ICO no puede superar el 25% de las entrega a cuenta de su participación en los tributos del Estado de 2011, incluidos los intereses. En el caso de Alcalá correspondían 9,5 millones, que ha solicitado por completo.
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