El escándalo de supuestas relaciones sexuales entre funcionarios e internas de la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco, que explotó en los medios de comunicación hace ya más de un año y que se saldó con dos funcionarios del centro penitenciario suspendidos de empleo y sueldo, todavía no se ha zanjado. El sindicato de Prisiones Acaip ha denunciado al inspector de Instituciones Penitenciarias que realizó la investigación en la que resultaron sancionados los dos trabajadores de Madrid I, por lo que considera un delito de prevaricación administrativa,  por entender que se manipularon pruebas.

Según el presidente de Acaip, José Ramón López, el inspector se valió del testimonio de una reclusa de Madrid I que no se encontraba en el centro el día para sancionar con 32 meses de suspensión de empleo y sueldo. “Dijo que estaba trabajando en la cocina aquel día de Nochevieja, cuando estaba de permiso. La declaración de esta interna fue absolutamente tendenciosa, en la que realizaba valoraciones subjetivas, que acabaron impregnando todo el expediente”, señala López, que recuerda que la Fiscalía sobreseyó la investigación sobre las supuestas relaciones sexuales entre internas y funcionarios por no existir pruebas suficientes.   

Tanto el inspector de Instituciones Penitenciarias tendrán que declarar ante el Juzgado número 2 de Madrid el próximo 7 de julio. Según el presidente de Acaip, “cuando esta situación estalló, Madrid I salió en todos los medios de comunicación como si fuera Sodoma y Gomorra. La trascendencia mediática fue muy grande, y pese a que no se pudo demostrar nada, Instituciones Penitenciarias buscó sanciones ejemplarizantes”, argumenta López.    

Los dos funcionarios, A.T.R. y M.A.G.L., cumplen a día de hoy las sanciones que les fueron impuestas por Prisiones, de 32 meses y 14 meses de suspensión de empleo y sueldo. Según Acaip, en el caso del primero, “por no fichar durante un tiempo y por tener excesiva familiaridad con las internas, que es lo único que se pudo demostrar”.