Silvia Ortega mide 1’80 metros y llegó a pesar 50 kilos. Vomitaba constantemente, casi no comía, sufría mareos y pérdidas de conocimiento. Y llegó un momento en que no quería ir al médico, después de tres años de visitas constantes al ambulatorio y a las Urgencias del Príncipe de Asturias, de las que salía con el diagnóstico de que lo que le ocurría venía derivado de las migrañas que sufría desde pequeña o de un problema cervical. Cuando lo descubrieron, el tumor que crecía en la base de su cerebro medía ya seis centímetros de largo, y le había causado una hidrocefalia. Ahora la Justicia ha condenado al Sermas a indemnizarla con casi medio millón de euros. Y la de Silvia se ha convertido en una carrera de fondo.
“Al principio me dolía la cabeza. Después empecé a tener muchas náuseas, vómitos, mareos, pérdidas de conocimiento. Llegó un momento en que mi bolso parecía una farmacia”, cuenta Silvia, una vecina de Alcalá que tiene ahora 24 años y a la que un tumor cerebral diagnosticado con tres años de retraso le cambió la vida. Trabajaba, estudiaba Trabajo Social y le gustaba salir con sus amigas. Ahora depende de su madre para acostarse, ir al baño o salir de casa, y de una silla de ruedas para moverse. La visión doble que sufre le impide por el momento volver a estudiar. Y, pese a todo, dice que ahora se encuentra en su mejor momento desde que la operaron.
“Íbamos al médico al menos una vez al mes, otras veces cada semana, depende de cómo se encontrara. A finales de 2006 ya iba a trabajar sin desayunar, porque todo le sentaba mal. Yo llegué a pensar que tenía anorexia. La última semana antes de que la operaran, en agosto de 2007, fuimos al hospital cuatro o cinco veces. Hasta que le hicieron al fin un TAC y la ingresaron de urgencia en La Princesa”, dice Teresa Martínez, la madre de Silvia. El tumor había crecido tanto que le había causado una hidrocefalia. Tras un diagnóstico con un retraso injustificado, según la sentencia, y una operación de alto riesgo, sufre una paresia que le impide andar, parálisis facial y graves alteraciones clínicas en el habla, la deglución y la movilidad ocular.
“Siento que pequé de crédula, porque confié en que los médicos actuarían de la mejor manera posible. Si en vez de ahorrarse una prueba durante tres años, a alguno de los muchos facultativos que la vieron se le hubiera ocurrido hacerle una resonancia, esto habría costado mucho menos dinero”, asegura Teresa, que dejó de trabajar para acompañar a Silvia en el hospital durante los once meses que permaneció ingresada después de extirparle parte del tumor. Para el perito que intervino en el juicio, es “asombrosa” y “completamente inconcebible la falta de rigor, de sensibilidad, de prudencia y de competencia” con que los médicos trataron a Silvia.
“UNA VIDA DE MÉDICOS”. “Ahora mi prioridad es recuperarme. Sigo en rehabilitación y tengo muchas ganas”. Adaptaron su casa a la silla de ruedas, y Teresa no se plantea ni por asomo volver a trabajar. “Ahora sonreímos, ya hemos dejado de llorar, y si tenemos momentos duros, nos secamos las lágrimas la una a la otra. Lo que me duele es que a mi hija no le dieron oportunidad de hacer su vida”. Tres años después de salir del hospital, la Justicia ha condenado al Servicio Madrileño de Salud a indemnizarla con 437.529 euros por las secuelas derivadas de ese retraso. Pero la sentencia se encuentra ahora recurrida por la Comunidad de Madrid. “Nos gustaría que asumieran su responsabilidad y nos dejaran continuar. Ya sabemos que nos espera una vida de médicos”, dice Teresa.
Marina de la Cruz. |
