José Luis Blanco, un vecino del Val de 57 años, ha estado muerto desde los 31 para la Seguridad Social. Más o menos desde que le fue concedida una pensión por la minusvalía psíquica del 65% que sufre. Como si de una película de espías se tratase, pero sin ninguna gracia, descubrió hace poco más de un año que había desaparecido del sistema. Desde entonces su depresión crónica ha empeorado, duerme una o dos horas al día y no sale apenas de casa. Y ha pasado más de un año “aterrorizado”, pensando que podrían retirarle la pensión con la que viven también su mujer y su sobrina.

“Si antes ya hacía una vida anormal, desde hace un año no salgo casi de casa, me ha hecho odiar salir a la calle, duermo una o dos horas al día y casi no como”. A José Luis le atendieron en enero de 2010 en un centro de salud de Gran Canaria, y tres meses más tarde la Administración le envió una carta a su domicilio pidiéndole que justificase que estaba dado de alta en la Seguridad Social. De lo contrario, tendría que cargar con los gastos. Cuando días después le atendieron en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Alcalá fue cuando le confirmaron “que estaba muerto” para su base de datos, según explica.

“Allí me hicieron un certificado diciendo que era pensionista, para que no me pasaran la factura. Pensaba que estaba ya todo solucionado. Pero cuando llamé después para que me hicieran la Tarjeta Sanitaria Europea, después de pedirme un montón de datos, me dicen que no me la pueden enviar, porque estoy dado de baja”. Le dijeron que la única opción que le daban es que solicitara una fe de vida para demostrar que estaba vivo. “Me negué. ¿Por qué tengo que presentar un documento diciendo que estoy vivo? ¿No vale conmigo y con mi DNI? ¿O cualquiera puede decir que está muerto, sin certificado de defunción?”. Más tarde le confirmaron que para la Seguridad Social “había estado muerto 26 años”.     

Si antes padecía una depresión  mayor y crónica, entre otros problemas, “este error tan grave le ha producido una psicosis”, explica Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, a la que recurrió “aterrado” por que le pudieran retirar su pensión. “Mi mujer cobra una pensión mínima, con la que no nos llega ni para la hipoteca, y en mi casa vivimos tres”, cuenta José Luis. El embrollo le afectó tanto que se miedo se convirtió en una agorafobia, dejó de salir de casa y comenzó a dormir una o dos horas al día. Toma todas las noches siete comprimidos de ansiolíticos y antidepresivos, y otros tantos para los dolores que le ha provocado la falta de movilidad.  

Marina de la Cruz.