La Universidad de Alcalá (UAH) podría verse obligada a variar sustancialmente sus presupuestos para 2011: un tribunal tiene en sus manos obligar a la Cisneriana a realizar un desembolso próximo a los 30 millones de euros, cantidad que le ha reclamado la Comunidad de Madrid por la construcción de un complejo residencial en el Campus Externo.

El pasado mes de febrero, el rector de la Universidad, Fernando Galván, comunicó durante la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo regional había presentado una demanda judicial “por la deuda e intereses de demora” derivados de la construcción por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) de 200 viviendas para el ente Ciudad Residencial Universitaria (Crusa).

Fuentes de la Consejeria de Vivienda explicaron a Diario de Alcalá que la cifra que la UAH debe al IVIMA por este concepto asciende a “29 millones de euros, cantidad en la que se incluye el principal más los intereses”.

Hasta el momento, según la Comunidad de Madrid, no se ha cobrado ni un euro de dicha deuda. De ahí que el Ejecutivo regional haya decidido poner el asunto en manos de la Justicia, si bien, las mismas fuentes señalaron que el IVIMA recibió una carta procedente de la Cisneriana en la cuál “se reconoce la deuda”. De modo que lo que tendrán que dilucidar los jueces es como se hace efectiva una cifra que podría dañar las arcas de una  universidad obligada a apretarse el cinturón por la crisis económica de la que no escapan las administraciones públicas.

HISTORIA DE UNA DEUDA. La historia de este conflicto judicial arranca el 18 de marzo de 1991, cuando la Universidad de Alcalá y la Consejería de Política Territorial de la CAM firmaron un convenio para que el IVIMA construyera 300 viviendas, en dos fases, así “como diversos equipamientos”, en el Campus de la UAH, “para dar respuesta al grave problema de alojamiento existente entre los miembros de su comunidad universitaria”.

La primera fase de la promoción, de 200 viviendas tuvo un coste de 3.444.000.000 de las antiguas pesetas. Según el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo regional y la Cisneriana, el primero asumía el 25% de la financiación, y la Universidad, el 75% restante, es decir 2.583.000.000 de pesetas. De esa cifra, 218.000.000 de pesetas correspondían a una subvención otorgada por el entonces Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

En febrero de 1994, el ex rector Manuel Gala se comprometió con la Comunidad de Madrid a abonar su deuda en el plazo máximo de tres meses. Sin embargo, han pasado 17 años y el IVIMA no ha cobrado su deuda. Una deuda que el sucesor de Gala, Virgilio Zapatero, se negó a reconocer durante su mandato.

Diario de Alcalá quiso recabar la versión de la Cisneriana sobre este asunto. Sin embargo, un portavoz explicó que el equipo de Fernando Galván evitará pronunciarse hasta que “decidan los tribunales”.