No sólo fue la estrategia política y militar lo que llevó a Enrique VII, rey de Inglaterra, a apañar el matrimonio de su hijo Arturo con la hija menor de los Reyes Católicos, la alcalaína Catalina de Aragón. También había un claro interés económico, pues, en aquel momento, el reino de España emergía como una potencia económica envidiada en todo el Viejo Continente a raíz del descubrimiento de América.

Coincidiendo con la boda, sus católicas majestades enviaron a la corte de los Tudor 50.000 coronas, como primera parte de la dote de 150.000 que habían acordado con Enrique VII.

El siguiente pago, e 50.000 coronas, debía realizarse a los seis meses, sin embargo, la muerte prematura del príncipe de Gales, frustró los planes del monarca inglés. Este último no dudó en sacar la vena más conspirativa de los Tudor para evitar que la princesa viuda volviera a España: 100.000 coronas era una cantidad considerable de dinero que la corte de Londres no se podía permitir dejar escapar. De ahí que optara por mantener retenida a Catalina en  Inglaterra -en condiciones precarias- mientras presionaba a Fernando el Católico para que pagara el resto de la dote. En el Archivo General de Simancas (Valladolid) se conservan una misiva que prueba la extorsión de soberano a soberano.

Finalmente, la corte británica logró la dispensa de Roma para que Catalina de Aragón pudiera desposarse con el futuro Enrique VIII. Las capitulaciones matrimoniales quedaron asentadas en 1503 y, un año después, Enrique VII le dio el visto bueno. El documento también se conserva en Simancas.

Pedro P. Hinojos