El fin de la burbuja inmobiliaria ha puesto a los ayuntamientos al borde del precipicio. Los ingresos que venían del suelo ya no son los mismos de hace unos años y los Consistorios han ingresado menos de lo esperado como consecuencia de la crisis. El  Ayuntamiento de Alcalá no es ajeno a esta difícil situación y tiene que devolver a partir de enero de 2011 un total 4,4 millones de euros por la participación de los tributos que adelantó el Estado en 2008.

La liquidación de las entregas que hace el Ministerio de Economía anualmente a los consistorios por la previsión de lo que va a recaudar en diversos tributos van a apretar un poco más, si cabe, las  arcas municipales de Alcalá. A partir de 2011, el Consistorio complutense tiene que devolver al Estado 4.438.250 euros,  cantidad que corresponde a  2008. Si nadie lo remedia, –el Gobierno no está dispuesto a dar ninguna moratoria–, a partir de 2011 y durante cinco años, el Ayuntamiento tendrá que pagar esa cantidad. Es decir, cada treinta días, Alcalá tendrá que devolver al Estado unos 74.000 euros.

El concejal de Hacienda, Gonzalo Garrido, confirmó que en las dependencias municipales ya se ha recibido la comunicación del Ministerio de Economía en la que  se da cuenta de la liquidación de los ayuntamientos de 2008. Lo malo es que lo peor está aún por llegar porque según Garrido, Alcalá recibirá el año que viene 4 millones de euros menos de las transferencias del Estado. Esta disminución del dinero que el estado transfiere a los municipios, que en total rondará los 14.000 millones de euros, llevará a las entidades locales a niveles de 2006.

Pero el panorama es muy distinto al de ese año. Los ayuntamientos han perdido un 30% de los ingresos desde que en 2007 empezó la crisis y su deuda con los bancos, sin contar a los proveedores, es de unos 35.000 millones de euros a cierre de 2009.

La burbuja inmobiliaria y la gestión del suelo, junto a impuestos como el IBI, que en Alcalá ya ha sido objeto de catastrazo, han sido las fuentes principales de financiación de los ayuntamientos. Pero ahora el dinero no entra en caja como antes y se mira hasta el último euro.

Los ayuntamientos soportan un pesado lastre financiero. Alcalá no es el único que tiene que devolver una considerable cantidad de dinero. De hecho, la deuda de los ayuntamientos españoles asciende a casi 1.500 millones y hay ciudades que tienen que reingresar en las arcas del Estado cantidades millonarias. Madrid, por ejemplo, deberá entregar 128 millones, Barcelona 93,5, Valencia 30 y Sevilla 26.

La solución pasa por la reforma de la Financiación local, como apunta Gonzalo Garrido, que tiene claro que “al final quien paga el pato son los ayuntamientos”. El edil del PP insiste en que la responsabilidad de la situación por la que atraviesan los ayuntamientos “la tienen las políticas del Gobierno de Zapatero”. La cuerda está muy tensa y advierte de que de seguir así “los ayuntamientos tendrán que cortar más y dejar de prestar servicios”. No obstante, no precisa cuáles se verían afectados en Alcalá.

De hecho, la crisis es tal que servicios como el de la recogida de basuras, que son prestados por empresas concesionarias de grandes grupos constructores están en peligro en muchos municipios.  De hecho, empresas como Fomento, Sacyr o ACS son los principales acreedores de los ayuntamientos. En Alcalá, el Consistorio se ha visto obligado a redimensionar el servicio y renegociar la deuda con Sacyr después de que la empresa amenazara hace unos meses con romper el contrato de veinte años, que contempla un canon anual de 17 millones al año.

Precisamente, una de las soluciones para salir del atolladero en el que están sumidas las tesorerías de los consistorios fue propuesta por las empresas constructoras, aunque no se ha estudiado aún en profundidad. A través de la patronal del sector, Seopan, creen que una manera de fijar una fuente de ingresos es habilitar a los consistorios un tramo en el IRPF y en el IVA. El concejal de Hacienda recibe con cautela esta propuesta y a priori considera que “está bien todo lo que sea mejorar la financiación de las entidades locales”.

Esta medida, a medio plazo puede ayudar, pero la solución para las entidades locales pasa por la reforma del sistema de financiación local, una promesa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que no termina de llegar. En Alcalá. el portavoz municipal del PSOE, Javier Rodríguez, también cree que “todas las reformas que vengan por arriba son bienvenidas”, pero responsabiliza al equipo de Gobierno de la situación económica y financiera municipal.

Para colmo, sin la reforma de la financiación local, al menos hasta que los ingresos estatales se recuperen, la situación en los ayuntamientos roza los límites.  El Ministerio de Economía y Hacienda no ha puesto en marcha la línea del ICO para  municipios y las corporaciones no podrán recurrir al endeudamiento a largo plazo a partir 2011. Lo malo es que para muchos ayuntamientos el tiempo se acaba.

J.L.E.