De minirreforma, según los empresarios. De golpe al Estado de bienestar, según los sindicatos. La reforma laboral superó la prueba de fuego en el Congreso con más pena que gloria, y ahora se enfrenta a las modificaciones que cada grupo parlamentario aporte al texto legal. La manzana envenenada que supone meter mano al Real Decreto se encuentra ahora en las cámaras, y mientras tanto, empresarios del Corredor del Henares se encuentran con la incertidumbre de cuánto durará.

Y mientras, los sindicatos han marcado en rojo el 29 de septiembre, fecha en la que está prevista una huelga general (la sexta de nuestra historia), los empresarios siguen sin saber exactamente qué hacer.  “El Gobierno no ha estado a la altura de la reforma laboral que se ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo, por parte de todos los organismos, tanto nacionales como internacionales”, apunta la patronal alcarreña CEOE-Cepyme en un comunicado. “El Decreto no resuelve ni facilita la situación económica, ni de empleo, ni competitividad que España necesita”.

Ciertamente, la legislación laboral no crea empleo pero sí puede ayudar a destruirlo. Y el texto aprobado y vigente desde finales de junio parece no conseguir lo primero.
La lectura, de ida y vuelta, produce afirmaciones totalmente opuestas de un mismo hecho. Es el caso de la generalización del contrato de fomento del empleo, que fija la indemnización en 33 días por año trabajado. Mientras los sindicatos opinan que la reforma incorpora contenidos para hacer el despido “más fácil, más barato y más rápido”, la patronal, en palabras de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, dice justamente lo contrario: “la reforma encarece el despido”.

La penalización de los contratos temporales (al incrementar la indemnización de 8 a 12 días por año trabajado de manera gradual) ha sentado a cuerno quemado. “Se debe generalizar el contrato de fomento (33 días por año trabajado) y eliminar definitivamente el de 45 días, respetando los derechos adquiridos”, opina la patronal alcarreña. “Existen muchas dudas respecto a la regulación del contrato por obra y servicio”, opina Rafael Jiménez, secretario general de Aedhe.

Para David Pozo, dueño de la empresa Pomdi (en Meco), dedicada a la fabricación y diseño de herramientas de diamante, las modificaciones en el mercado laboral “no me motivan a contratar”. “El temporal se encarece y es el más utilizado, y nosotros tenemos que competir en costes con el resto de países”. Pozo defiende “un contrato único” y respecto a las extinciones de contrato, el empresario reconoce que “no puedo prescindir de más gente, pero a lo mejor si redujeran las cotizaciones habría más empresas que se animarían a venir a España para contratar”.

La reducción de las cotizaciones fue, precisamente, una de las reivindicaciones más solicitadas por los empresarios... que no ha sido contemplada por ningún lado.
El tema de las indemnizaciones tampoco convence a los empresarios. Una de las principales novedades del texto es la generalización del pago por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de parte de la indemnización por despido, que será de ocho días por año trabajado y que afectará a todos los contratos. ¿Cómo se llevará a cabo mientras se constituye el fondo de capitalización individual?, se preguntan algunos.

 Pero si hay algo que ha disgustado sobremanera a los empresarios  es el tema del despido objetivo, aquel que reduciría las indemnizaciones en caso de que la empresa incurriera en pérdidas. De nuevo, vuelven a ser los jueces los que deben considerar si es objetivo o no. Y en una época de pérdidas y dificultades económicas como las actuales para cientos de miles de empresas, la claridad en este capítulo es más que urgente para muchas compañías.

El inmovilismo geográfico, la rigidez empresarial, la productividad... son algunos de los aspectos que echan en falta los empresarios en la reforma. Por eso ahora la patronal confía en que durante su tramitación parlamentaria como proyecto de Ley, el texto sufra más de un retoque. El plazo de enmiendas al proyecto termina el 5 de julio  y se tramitará en el Senado en agosto para ser aprobado en sesión extraordinaria o el 9 de septiembre en ordinaria.

Así, la responsabilidad del texto final será compartida.

Se perpetúa un modelo caduco
David Pozo tiene una pyme en Meco que emplea a medio centenar de trabajadores. Y opina que el Real Decreto “es una mini reforma que perpetúa el modelo actual con ligeros retoques. Lo único que hace en realidad es parchear”.
Este empresario se pone enfermo cada vez que ve las cifras del paro – “si tenemos el doble que en el resto de Europa, será que nuestro modelo falla”. Cree que el trabajador español está “sobreprotegido, como si se tratara de un niño, y eso ya no tiene sentido”.
Respecto a la subida de la indemnización en los contratos temporales (de 8 a 12 días por año de manera gradual), opina que “a una pyme, esta subida no le supone mucho desembolso, pero en el caso de una multinacional, ésta puede hacer números y comprobar que el coste por trabajador en España es muy elevado”.
A su juicio, ni el PSOE ni el PP “quieren comerse este marrón” pero urge realizar un “cambio radical” en un modelo que ya no funciona”.