El pago a los proveedores es uno de los quebraderos de cabeza en todos los ayuntamientos. No hay municipio que no demore el pago de facturas a los proveedores en varios meses. De hecho, los estudios establecen una media del plazo efectivo de pago de 238 días.

La solución que aprobó ayer la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados ha sido limitar a 30 días el plazo en que la administración debe pagar a las empresas proveedoras y 60 en el sector privado.Aunque la reforma de la  Ley de Morosidad ha sido celebrada por pymes y autónomos puede acarrear un problema añadido a las dificultades por las que atraviesan las arcas municipales. 

Una vez que entre en vigor la administración deberá reducir el pago a las empresas a 55 días desde su entrada en vigor; a 50 días a partir del 1 de enero de 2011; a 40 días en 2012, y a 30 días a comienzos de 2013. Sin embargo, las arcas muncicipales no están para alegrías.

Precisamente, el alcalde de Alcalá y presidente de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), Bartolomé González, cree que este apuesta política por agilizar los pagos por parte de las administraciones locales abonando las facturas en 30 días es casi imposible en la situación actual. Así lo puso de manifiesto recientemente en una intervención en el Senado donde señaló que si no se articulan nuevas líneas de crédito ICO o no se pone en marcha un plan de emergencia y los consistorios tienen que pagar en 30 días “se verá que no hay Ayuntamiento que pueda pagar [las facturas] ni en uno, ni en dos ni en tres meses". La consecuencia de eso es que “seguirá destruyendo empleo" ya que la deuda de los ayuntamientos “ahogará" a las pymes. Bartolomé González reclamó que las corporaciones locales puedan participar en los ingresos del Estado y Comunidad y que se habilite un fondo de emergencia ya que los fondos del Plan E “no son suficientes".