A partir de ahora, el Ayuntamiento de Alcalá tendrá que examinarse cuatro veces al año ante el Gobierno Central. Ésta es una de las principales consecuencias de la primera reunión del Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local que Cristóbal Montoro preside como titular de la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, acordó con Montoro que las entidades locales remitan trimestralmente a su Ministerio información de la evolución de su tesorería y de los saldos pendientes de pago a proveedores, de manera que dichos saldos se vayan reduciendo correlativamente como consecuencia de las medidas adoptadas por la Administración General del Estado.
Zoido trasmitió a Montoro el visto bueno de la FEMP a que los Ayuntamientos tengan un techo de gasto y a que sus presupuestos para 2012 se vean condicionados por el escenario económico de recesión.

Respiro financiero. Este esfuerzo de transparencia de las corporaciones locales tendrá premio, en forma de más aire para poder equilibrar sus cuentas. Por un lado, el Ministro de Hacienda se comprometió a establecer una línea ICO para la financiación de pagos a proveedores para las entidades locales que lo soliciten. 

Además, la Administración General del Estado adelantará, con carácter general, en 2012 el 50% del importe estimado de las liquidaciones de la participación en tributos del Estado a favor de las entidades locales correspondientes al año 2010.

También, Montoro anunció que los consistorios podrán aplazar hasta un máximo de 10 años el dinero que deban aquellos ayuntamientos al Estado por liquidaciones negativas correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 siempre y cuando hayan remitido las liquidaciones de sus presupuestos de 2011.

Fernando Escudero.