Acabado el impasse navideño, el Ayuntamiento de Alcalá se dispone, desde este jueves, a afrontar uno de los asuntos más importantes de la agenda política de la actual legislatura: la negociación del nuevo convenio colectivo para los trabajadores del Consistorio. El equipo de Gobierno tiene ante sí el reto de lograr conciliar las políticas de austeridad obligadas por la crisis económica con las reivindicaciones de un colectivo que se resiste a modificar a la baja los logros conseguidos hace cuatro años.

La de hoy será la primera toma de contacto entre ambas partes. A un lado, Marta Viñuelas, concejal de Hacienda y Personal, al otro, los representantes del comité de empresa que fueron elegidos para esta negociación el pasado martes. El Ejecutivo local les entregará su propuesta de nuevo convenio, cuyo contenido, aunque se desconoce, partirá de una premisa: los recursos del Ayuntamiento son muy limitados y no bastan con los recortes que se acometieron, desde el pasado mes de julio, a través del Plan Efyco (Eficiencia y Costes), que se ha traducido, hasta el momento, en un recorte en gastos de telefonía y alquileres para ahorrar a las arcas municipales 2,2 millones de euros durante la presente legislatura.

En principio, la postura de los sindicatos será, sobre todo, la defensa  “irrenunciable”, en palabras de Acisclo Ramírez, de Comisiones Obreras, del empleo y de los servicios públicos de calidad. Sin embargo, uno de los puntos que se aventuran también conflictivos es el del fondo social de los aproximadamente 2.000 empleados municipales, que supone anualmente algo más de dos millones de euros, y que incluye ayudas para las guarderías de los hijos de los funcionarios, tarifas reducidas para aparcamientos, o pagar los empastes en el dentista o hasta las gafas.

Recientemente, durante su intervención en una tertulia de Punto Radio Henares (100.9 y 98.4 FM), el primer teniente de alcalde, Javier Bello, avanzó que las cuentas municipales de 2012 serán muy incisivas en el capítulo I, el de Personal, que constituyen el 50% de los gastos del Ayuntamiento.