El portavoz del PP de la Asamblea de Madrid, Iñigo Henríquez de Luna, explicó algunas de las enmiendas presentadas hoy, como la de igualar la jornada laboral de todos los empleados públicos en 37,5 horas semanales. También se pretende fijar en seis los días de asuntos particulares o libre disposición, ajustándose así al Estatuto Básico del Empleado Público y erradicar los fraudes y prácticas abusivas en las bajas laborales.
"La filosofía de este plan, que surje como consecuencia de la crisis económica, es aplicar a la administración regional criterios propios del mundo empresarial, con el objeto de hacerla más eficaz y productiva”, explicó Henríquez de Luna.
Respecto a la jornada laboral se trata también de evitar las desigualdades entre los diferentes empleados de la Administración, donde existen profesiones cuya jornada actual es de 35 horas y otras que ya tienen las 37,5 horas reconocidas, como el personal docente. Ahora, se propone que todos deberán realizar un mínimo de 37,5 horas a la semana, medida que afectará a cerca de 120.000 empleados. Estas dos medidas permitirían ahorrar a la administración 83 millones de euros anuales e incrementar la productividad en 12 millones de horas al año.
Control a las bajas laborales
Asimismo, se plantea la necesidad de mejorar el control a las bajas laborales (excluídas las bajas por maternidad y accidente laboral) con el fin de conseguir una Administración más eficiente y reducir el absentismo en más de un 40%.
Para ello, modificará los complementos económicos para el sector público que aporta la Comunidad de Madrid en el supuesto de incapacidad temporal del trabajador por enfermedad común entre el 4 y el 15 día de baja. Actualmente, la Seguridad Social proporciona el 60% del sueldo de un trabajador con baja superior a tres días e inferior a 15 días. El Gobierno regional cubría hasta el 100% del sueldo. Esta medida afectará a 32.000 trabajadores públicos, en su mayoría personal laboral de la Administración y de empresas públicas. En el caso de los funcionarios y personal estatutario, que tienen un régimen especial, la reducción del complemento por baja laboral se aplicará a partir del tercer mes.
Esta iniciativa busca, más allá de un ahorro, que se calcula en unos 25 millones de euros, introducir un elemento de contención del absentismo laboral e incrementar la productividad de la Administración, teniendo en cuenta que, según los últimos informes del Gobierno regional, el absentismo entre el 4 y el 15 día de baja duplica en los empleados de la Administración regional al de la empresa privada.
En concreto, el año pasado, la Administración regional perdió con estas bajas 3 millones de horas (el equivalente a la jornada completa de 20.000 trabajadores en un mes), un 11% del total de horas trabajadas, mientras que en la empresa privada se pierde de media un 6%.
Deducciones educativas
Otra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular pretende modificar las deducciones por gasto educativo en el Impuesto de la Renta. De acuerdo con esta propuesta, se amplía el tramo de edad deducible al segundo ciclo de Educacion Infantil, es decir, a partir de los 3 años y hasta los 16. Hasta ahora el tramo deducible estaba fijado entre los 6 y 16 años.
Asimismo, el PP madrileño propone la eliminación del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia Madrileña para la Emigración, dos organismos públicos que se suman al centenar de organismos públicos suprimidos desde el inicio de la crisis.
Asimismo, se establece la unidad accionarial de Metro SA, de manera que esta empresa pública pase a ser de titularidad y competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, catalogándose como transporte supramunicipal. Esta medidas supone la creación de una Comisión Mixta (Comunidad–Ayuntamiento) para establecer las condiciones del traspaso.
Flexibilidad de horarios
Otra de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular pretende eliminar la obligatoriedad por parte de los establecimientos de contar con una licencia especifica para vender bebidas alcoholicas. Se eliminan también las restricciones para la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales ubicados en gasolineras. Se considera que esta medida ajusta la regulación de la Comunidad de Madrid a la normativa estatal relacionada con las tiendas de conveninencia y a la necesaria homogeneidad de este concepto.
Asimismo, las farmacias dispondrán de mayor flexibilidad de horario comercial, garantizando, en todo caso, los horarios mínimos de apertura y guardias que que hoy existen y mejorando, por tanto, el acceso de los consumidores a los medicamentos y artículos farmacológicos.
En materia de Suelo, el Grupo Parlamentario Popular propone mejorar la competitivad del tejido industrial madrileño y ajustar la normativa regional a la estatal en materia de vivienda con algún grado de protección pública. Para ello, se excluye a los propietarios de suelo industrial de la obligación de ceder suelo y se establece en un 30% el portacentaje de viviendas protegidas mínimas de cada desarrollo urbanístico, igualándose así lo señalado en la Ley del Suelo estatal. |
