La mayoría del PP en la Asamblea de Madrid, junto a los votos del PSOE, ha impedido que prosperase la proposición no de ley presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para instar a la Comunidad de Madrid a adoptar medidas relacionadas con la realización de auditorías y racionalización de la organización de los municipios de la región.

El alcalde de Alcalá y diputado regional del PP, Bartolomé González, ha debutado en el estrado de la Asamblea para defender el municipalismo, un asunto que conoce bien. En una intervención en la que no usó papeles se ha mostrado en contra de la pretensión de UPyD porque, a su juicio, supone un ataque contra la independencia de los ayuntamientos.  Bartolomé González ha lamentado por la "bisoñez de UPyD que nos achaquen a los ayuntamientos todos los males" ya que quieren fusionarnos a los municipios y ahora, también intervenirnos". 

En este sentido, el alcalde de Alcalá ha reclamado una reforma estatal para poder atender a las responsabilidades de los vecinos. Además ha aclarado que hay una triple fiscalización. En primer lugar, la de los interventores; en segundo lugar, la del Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas; y en tercer lugar ha especificado que "si no se presentan las cuentas el Ministerio retiene las transferencias, lo que es otra fiscalización". Además, se ha referido a otra fiscalización, "la de los vecinos cada cuatro años".

La formación magenta, a través de Ramón Marcos, ha defendido que con esta proposición no de ley lo que pretenden es conocer el estado real en los municipios y mejorar su funcionamiento ya que "si el Estado envía el presupuesto a Bruselas, "cómo no van a enviar" sus presupuestos los ayuntamientos a la Comunidad. En su intervención puso el ejemplo de ayuntamientos de distinto signo político como Alcorcón o Alcalá, "donde hay más de cien personas que ganan más que el alcalde", Arganda del Rey o Parla, "donde hay una estructura de personal caótica". Además, ha asegurado que muchos municipios "no han cumplido con la Cámara de Cuentas".

Para clarificar la situación municipal UPyD pretendía instar a la Comunidad de Madrid a adoptar las medidas necesarias para "realizar una fiscalización integrada de todos los municipios de la Comunidad, a la mayor brevedad posible", empezando por aquellos de más de 50.000 habitantes. Además, piden medidas que "permitan una racionalización de la estructura organizativa de los municipios, en el marco de una estructura de ingresos y gastos viable".

Por su parte, Antonio Miguel Carmona (PSOE) reclamó que se utilice como fuente para conocer la deuda de los municipios al Ministerio de Economía y Hacienda, "y no a los medios de comunicación", y se mostró partidario de que sean los ayuntamientos los que fiscalicen sus cuentas. Además, señaló que no podían apoyar esta PNL porque "sería ilegal", y justificó su voto en contra ya que no pueden tomar las competencias de los interventores municipales.

Mientras, Libertad Martínez, diputada de Izquierda Unida, criticó "las medias verdades sobre la situación municipal" y aclaró que "hay una diferencia entre las malas prácticas y la negligencia ética".