El detallado informe de la sección sindical de UGT en la Universidad de Alcalá sobre las “barbaridades” cometidas por el director general del CIFF, Daniel Sotelsek, mientras fue, entre 2004 y 2008, administrador único de CRUSA, no parece haber mermado la resistencia del equipo rectoral de la Cisneriana a aclarar, de una vez por todas, el escándalo en las residencias universitarias, que estalló tras el despido disciplinario de su gerente, Manuel Queypo de Llano.

A pesar de la insistencia de Diario de Alcalá para que algún responsable de la UAH se pronuncie al respecto, ni el rector, Fernando Galván, ni ningún miembro de su equipo, se han dignado a dar su versión sobre los desmanes que pone de manifiesto el documento difundido por UGT. El más grave de ellos es, sin duda, la misteriosa desaparición de 200.000 euros de una subvención de 477.000 euros que la Universidad otorgó a CRUSA poco después de que el ex rector Virgilio Zapatero diera un golpe de mano en las residencias entregando a Sotelsek todo el poder de decisión en la sociedad propiedad de la Universidad de Alcalá.

Acuerdo ventajoso

La semana próxima podría ser crucial para que la verdad se abra camino en relación con este asunto y también con el agujero de 310.000 euros que CRUSA tuvo en 2010 —tal y como reconoció el gerente de la UAH, Rubén Garrido, en el Consejo de Gobierno de la Cisneriana del pasado mes de junio—. El 16 de diciembre hay sesión del Consejo Social, el órgano de control que en los últimos meses no ha dejado de instar al rector para que aclare lo sucedido.

A pesar de que Galván se comprometió en primavera a ofrecer información detallada sobre CRUSA, lo cierto es que en ninguna de las sesiones posteriores del Consejo Social, ha ofrecido datos sobre el informe detallado prometido. Es posible que el presidente del Consejo Social, Joaquín Leguina, le exija que le presente ya dicho informe, exigencia que también podría extenderse al informe que elaboró, a petición de la Universidad, el ex coordinador de las residencias, Samuel Sanz Arroyo. Este último cumplió su encargo y, como gratificación obtuvo un despido —seguido de “amenazas”, según Sanz— que un Juzgado de lo Social de Madrid declaró improcedente.

Fernando Escudero