El Ejecutivo Local ha defendido este viernes las cifras que maneja de cara a la negociación del nuevo convenio colectivo para la plantilla del Ayuntamiento de Alcalá, en respuesta a las críticas vertidas en Punto Radio Henares (100.9 y 98.4 FM) por el presidente del comité de empresa y delegado sindical de UGT, Raúl García, y el delegado sindical de Comisiones Obreras, Acisclo Ramírez.

Fuentes del Gobierno Municipal han asegurado a Diario de Alcalá, que la media de 2.900 euros brutos de salario mensual para los empleados del Consistorio de las que habló el pasado jueves el primer teniente de Alcalde y edil de Desarrollo Económico, Javier Bella, son reales "y parten de los datos de tesorería, que es la que se encarga cada mes de abonar las nóminas. Y son muchos los trabajadores de este Ayuntamiento los que cobran esa cantidad e, incluso más".

Las mismas fuentes han señalado que, por el contrario, los sindicatos deberían explicar a partir de qué números trabajan ellos para sostener que lo que dice el Ejecutivo Local "es mentira". Y no sólo sobre sueldos, sino también sobre el importe del Fondo de Acción Social.

Raúl García sostuvo el jueves, durante su intervención en la tertulia de Queremos Hablar del Henares que la cantidad real de estos extras suponen para las arcas municipales "la mitad" de lo que dice el Gobierno Local. Sin embargo, desde el Ejecutivo de Bartolomé González aseguran que las cifras "son reales y que vienen recogidas en el convenio todavía vigente".

En cuanto al hecho de que, según García, del Fondo Social también se benefician concejales de la Corporación complutense y cargos de designación directa, las mismas fuentes han explicado que en el caso de los primeros es porque estos son funcionarios del Consistorio en excedencia, "como por ejemplo Amparo Moriche" y, en el caso de los segundos, porque una vez que pasan a formar parte de la plantilla municipal entran en el mismo régimen de derechos laborales que el resto de los trabajadores.

"Eso no quiere decir, en cualquier caso, que estos cargos que tienen derecho al Fondo de Acción Social lo utilicen. De hecho, varios de ellos van a renunciar próximamente por escrito a la posibilidad de utilizar estas ayudas", han precisado desde el Ejecutivo Local.

"Sí se puede imponer por decreto". El Gobierno complutense también niega la mayor en relación con la afirmación de Acisclo Ramírez de que el convenio colectivo no podría imponerse por decreto si no hay acuerdo porque los Ayuntamientos "no tienen competencia para hacer decretos". En este sentido, desde el Ejecutivo Local se remiten a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En su artículo 38, dicha ley, establece que "en el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones  Públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios". 

La misma Ley establece las siguientes excepciones en las que un gobierno local no podría establecer las condiciones laborales de los trabajadores del Consistorio. Así el artículo 11 afirma que  "salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año
en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes". Por su parte, el artículo 12, dice que "la vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido". Por su parte, el artículo 13, establece que "los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.