"Se han llevado los ordenadores, documentos privados, ropa, juguetes…", se quejaba ayer Ana María Doroteo, portavoz de la asociación Calvicam, destinada a la ayuda a familias en riesgo de exclusión social. Desde el pasado mes de abril almacenaban la comida que recogían del Banco de Alimentos en un local de propiedad municipal, que el anterior Gobierno de Camarma les cedió mediante un contrato hasta abril de 2012. Y denuncian que hace unas semanas la nueva corporación desalojó sus enseres y cambió los bombines de las puertas sin una orden judicial.

"El nuevo alcalde nos envió un escrito, firmado por él, en el que nos decían que teníamos que salir del local en un plazo de dos días, porque así lo habían acordado en la Junta de Gobierno. El 15 de septiembre, cuando entré en el local, me encontré que se lo habían llevado todo", explica Ana María, que añade que la asociación daba cobertura a más de 150 personas de Camarma, Alcalá y Meco.

Desde entonces continúan con su labor en un local de Alcalá, y en la tarde de este jueves se concentraron a la puerta del Ayuntamiento de Camarma para condenar lo ocurrido y solicitar que se les ceda el mismo u otro local municipal "para dar cobertura a esas personas". "Cualquier desalojo tiene que realizarse con la orden de un juez, y nos encontramos sin embargo con que el Ayuntamiento entra así en nuestro local para llevarse todas nuestras cosas", dice Doroteo, que califica lo ocurrido como "un allanamiento con robo". El Gobierno de Camarma ha declinado hasta el momento hacer declaraciones.